Las nuevas obligaciones de transparencia en IA entran en vigor el 2 de agosto
Las modificaciones introducidas por el ómnibus digital retrasan hasta diciembre de 2027 la regulación de los sistemas de alto riesgo.

La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de administraciones y empresas, pero también aumentar su dependencia de proveedores externos.
La expansión de la inteligencia artificial está obligando a las instituciones a afrontar un reto que va más allá de la inversión, la regulación o la adopción tecnológica: desarrollar capacidades internas para gobernar y supervisar los sistemas que utilizan. La soberanía digital no depende solo de infraestructuras o proveedores, sino también del conocimiento necesario para comprender, controlar y corregir los resultados de la IA. Además, el cumplimiento regulatorio por sí solo no garantiza un control efectivo. Para preservar la autonomía institucional, las organizaciones deben mantener capacidades técnicas y humanas que permitan supervisar realmente las decisiones automatizadas.
Fuente: Agenda Pública