La inteligencia artificial también consume energía: España regula el auge de los centros de datos

Cuando utilizamos un chatbot, generamos una imagen o pedimos a una herramienta de IA que redacte un informe, el trabajo no lo realiza nuestro móvil ni nuestro ordenador. Detrás de cada consulta existen miles de procesadores funcionando en grandes instalaciones especializadas: los centros de datos.

Estas infraestructuras se han convertido en el auténtico motor físico de la revolución de la inteligencia artificial. Su crecimiento es tan rápido que ya ha abierto un debate sobre electricidad, agua, sostenibilidad y planificación energética. España se ha situado en el centro de esta discusión porque se encuentra entre los países europeos que más proyectos de centros de datos están atrayendo.

Sin embargo, el ritmo de las solicitudes ha ido por delante de la regulación. Por ello, el Gobierno trabaja en un nuevo marco normativo destinado a ordenar su expansión y garantizar que el crecimiento de la economía digital no comprometa otros objetivos energéticos del país.

El origen del debate

La discusión actual no surge porque falten centros de datos, sino precisamente por la enorme cantidad de proyectos que quieren conectarse a la red eléctrica. Según datos analizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), existen alrededor de 12 gigavatios de capacidad ya concedida para centros de datos y otros 27 gigavatios en tramitación. Sin embargo, las previsiones de consumo para 2030 sitúan la demanda real entre 3,5 y 4 gigavatios.

La diferencia es considerable. En términos prácticos, existe capacidad solicitada para varias veces la demanda que se espera alcanzar durante esta década. Desde la Administración se argumenta que la capacidad de la red eléctrica es limitada y que reservar grandes cantidades de potencia para proyectos que quizá nunca lleguen a construirse podría dificultar la electrificación de otros sectores estratégicos como la industria, la movilidad o la vivienda.

El debate se intensificó tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, que endureció los criterios de acceso a la red y abrió la puerta a nuevas condiciones para proyectos de gran consumo energético. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un borrador regulatorio y la CNMC emitió su valoración técnica.

Las tres condiciones que plantea el Gobierno

La propuesta del Gobierno se dirige especialmente a los nuevos centros de datos con una potencia superior a un megavatio. El enfoque gira en torno a tres grandes ejes.

• Energía renovable. La idea es que al menos el 80 % de la electricidad consumida por estas instalaciones proceda de fuentes renovables y, además, de nueva generación energética. La clave está en el concepto de adicionalidad: no se trata simplemente de utilizar energía verde existente, sino de impulsar nuevas instalaciones renovables asociadas al crecimiento de la demanda digital.
• Eficiencia energética e hídrica. Los centros de datos necesitan grandes sistemas de refrigeración para mantener estables las temperaturas de funcionamiento. Por ello, el borrador introduce requisitos vinculados al consumo energético y al uso de agua, buscando minimizar el impacto ambiental de estas infraestructuras.
• Soberanía digital. La tercera dimensión es estratégica. El Gobierno plantea que tanto los operadores como los datos gestionados permanezcan bajo jurisdicción europea, reforzando la autonomía tecnológica y la protección de la información crítica.

Un objetivo compartido, pero diferencias sobre cómo alcanzarlo

Resulta significativo que prácticamente ningún actor cuestione la necesidad de regular. Las discrepancias aparecen en la aplicación concreta de las medidas.

El Gobierno defiende que las nuevas exigencias son necesarias para evitar que la demanda digital incremente la dependencia de combustibles fósiles o limite la capacidad de la red para otros sectores económicos. Sin embargo, la CNMC, asociaciones sectoriales y diversas compañías energéticas consideran que algunos requisitos podrían resultar excesivamente rígidos. Uno de los aspectos más debatidos es la exigencia de que el suministro renovable coincida prácticamente hora a hora con el consumo de los centros de datos.

La CNMC señala que existen numerosas horas en las que la producción solar supera ampliamente la demanda eléctrica, provocando incluso precios negativos en el mercado. En esas circunstancias, propone introducir mecanismos más flexibles que incentiven el consumo eficiente sin generar barreras innecesarias.

El debate tiene especial relevancia para territorios como Aragón, que concentran algunas de las mayores solicitudes de nuevos centros de datos del país y donde la disponibilidad de red se ha convertido en un factor clave para futuras inversiones.

El caso de Irlanda

Las autoridades españolas suelen citar un ejemplo que ilustra la velocidad con la que puede crecer este fenómeno. En Irlanda, los centros de datos representaban aproximadamente el 4% del consumo eléctrico nacional en 2015. En 2026 esa cifra ha alcanzado el 28%, según recoge el informe analizado por la CNMC.

El caso irlandés demuestra cómo una concentración rápida de infraestructuras digitales puede convertirse en una cuestión estratégica para la planificación energética de un país. Para España, la lección no es rechazar estas inversiones, sino planificarlas antes de que su crecimiento genere tensiones sobre la red eléctrica o los recursos disponibles.

¿Por qué es importante para la sociedad?

• Impacto en la factura eléctrica. Uno de los argumentos del Gobierno es que una expansión desordenada de los centros de datos podría aumentar la necesidad de generación fósil y ejercer presión sobre los precios de la electricidad. La regulación busca evitar esa situación antes de que se produzca.
• Recursos naturales. La refrigeración se ha convertido en un elemento crítico. En determinadas zonas climáticas, los objetivos de ahorro energético pueden entrar en conflicto con los de reducción del consumo de agua, lo que obliga a buscar equilibrios complejos.
• Desarrollo territorial. Los centros de datos atraen inversión, empleo cualificado e infraestructuras digitales. Para comunidades con una elevada concentración de proyectos, como Aragón, representan una oportunidad económica relevante, aunque también implican desafíos en materia de planificación energética y sostenibilidad.
• Incertidumbre regulatoria. A fecha de elaboración del borrador, la normativa definitiva todavía no está aprobada. El resultado final dependerá de las decisiones regulatorias que se adopten en los próximos meses.

Conceptos clave

• Centro de datos: instalación donde miles de servidores almacenan y procesan información digital y ejecutan servicios de inteligencia artificial.
• Gigavatio (GW): unidad utilizada para medir grandes cantidades de potencia eléctrica; equivale a mil millones de vatios.
• Adicionalidad: requisito que exige que la energía renovable utilizada proceda de nuevas instalaciones de generación.
• PUE y WUE: indicadores que miden la eficiencia energética y el consumo de agua de un centro de datos.
• Soberanía digital: capacidad de controlar infraestructuras y datos estratégicos bajo jurisdicción propia.